3 presidentes en 3 años y todos los expresidentes bajo investigación: 6 claves para entender la peor crisis política en Perú

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ContigoNews.com 5 octubre, 2019

En Perú estalló esta una de las peores crisis políticas de los últimos 30 años. Y eso ya es decir bastante: desde 2016 el país ha tenido tres presidentes y dos de ellos han denunciado que la mayoría fujimorista en el Congreso no los deja gobernar; además de eso, todos los expresidentes que han estado en el poder en los últimos 20 años son investigados por corrupción.

LIMA, Perú.- En solo tres años el Perú ha tenido dos presidentes que han gobernado a salto de mata para sobrevivir, arrinconados por una férrea oposición y por acusaciones de corrupción. Y esta semana hasta un tercer presidente se sumó al conteo, aunque solo duró horas en el cargo.

Estas son algunas claves para entender una de las peores crisis políticas del Perú en casi 30 años:

El empresario Pedro Pablo Kuczynski ganó ajustadamente las elecciones presidenciales del 2016 imponiéndose frente a la candidata Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori.

Kuczynski solo permaneció en el puesto 18 meses, prácticamente impedido de gobernar ­–según denunció él mismo– por un Congreso dominado por el partido del fujimorismo

Kuczynski renunció en marzo de 2018 asediado, además, por denuncias de que dos de sus empresas recibieron dinero de la constructora brasileña Odebrecht, que tejió una red de corrupción en América Latina para beneficiarse con obras de infraestructura. El expresidente se encuentra ahora bajo prisión domiciliaria.

Tras la renuncia de Kuczynski, el primer vicepresidente, Martín Vizcarra, asumió el poder hasta 2021. Con fama de ser más técnico que político, dio la sorpresa al plantarse ante una oposición arrolladora y lanzar una campaña anticorrupción en el país.

Vizcarra, con 18 meses en el cargo, ha tenido que hacer malabares para mantenerse al frente del país y ha acusado a Fuerza Popular, partido de Fujimori, y a sus aliados de boicotear sus intentos de reforma política y de justicia para seguir beneficiándose.

En julio, Vizcarra pidió un adelanto de elecciones ante la imposibilidad de gobernar y como salida a la “crisis institucional” del país, pero el proyecto para concretarlo fue archivado por la oposición días atrás.

La gota que derramó el vaso fue el proceso de selección de los miembros del Tribunal Constitucional a cargo del Congreso. Para el gobierno de Vizcarra, éste se estaba llevando a cabo de manera irregular y algunos analistas sugerían la posibilidad de que estaba siendo acomodado para favorecer una eventual liberación de Keiko Fujimori, presa desde hace casi un año mientras se le investiga por supuestamente haber recibido dinero de Odebrecht para su campaña electoral.

Ante ello, el gobierno usó por tercera vez en menos de un año el mecanismo constitucional de “cuestión de confianza”, que le permite al presidente cerrar el Congreso y convocar a nuevas elecciones para renovar el Parlamento si este rechaza en dos oportunidades respaldar al gabinete de ministros o a un proyecto o política del Gobierno.

En este caso, Vizcarra pidió el lunes cuestión de confianza sobre la elección de miembros del Tribunal Constitucional. Pese a ello, el Congreso decidió mantener en el primer lugar de su agenda la designación de los magistrados, para después debatir sobre el mecanismo planteado por el gobierno.

El presidente dio por hecho que, al continuar con la elección de miembros del Tribunal Constitucional, el Congreso le había negado la cuestión de confianza y anunció su decisión de disolver el Congreso y convocar a elecciones para recomponerlo.

¿QUIÉN MANDA A QUIÉN?

Pocos minutos después que Vizcarra inició su mensaje a la nación, los congresistas votaron a favor de aprobar la cuestión de confianza. Como resultado, ni los propios expertos constitucionalistas logran ponerse de acuerdo sobre si la medida anunciada por el presidente era válida o no.

Los congresistas de oposición clamaron de inmediato en contra de la disolución del Parlamento y lo consideraron como un golpe de Estado y “atropello a la Constitución”. Trataron de despedir a Vizcarra, pero no lograron reunir los votos necesarios, aunque sí los consiguieron para suspenderlo temporalmente por un año y encargarle la presidencia a la vicepresidenta Mercedes Aráoz. Y para la mañana del martes 1 de octubre, los peruanos tenían en la práctica dos presidentes.

Aráoz renunció al cargo a las 24 horas de ser designada por el Congreso y aprovechó, además, para tratar de dejar el cargo de vicepresidenta. Pero esto último está en limbo aún, pues Aráoz dirigió la documentación al Parlamento que está disuelto. Tanto Aráoz, como el presidente del disuelto Congreso, Pedro Olaechea, han sido denunciados penalmente por usurpación de funciones.

 HARTAZGO DE LA CORRUPCIÓN

La disolución del Congreso fue aplaudida por gran parte de los peruanos que en las últimas semanas clamaban “que se vayan todos”, cansados de destapes de corrupción que involucran a figuras políticas en medio de las investigaciones en el caso Odebrecht.

Todos los expresidentes peruanos de los últimos 20 años han sido acusados de haber recibido sobornos de la firma brasileña.

Alan García se suicidó para evitar una inminente detención y Alejandro Toledo está preso en Estados Unidos a la espera de ser extraditado. Kuczynski está recluido en su domicilio Ollanta Humala recuperó su libertad, pero mantiene una restricción judicial que le impide salir del país. Univision.